Hoy, 15 de marzo, celebramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, por este motivo Javier Rubio Merinero Presidente de la Unión de Consumidores de Extremadura ha aprovechado esta efeméride para hacer un doble  llamamiento:

En primer lugar, a los poderes públicos, que durante los últimos años parecen haber borrado las políticas de consumo de sus agendas. Compartimos que, en época de crisis económica, la prioridad de quienes nos gobiernan debe ser ayudar a quienes están sufriendo con mayor dureza sus consecuencias. Pero no debe olvidarse que, siendo absolutamente todos los ciudadanos, en mayor o menor medida, consumidores, un nivel adecuado de protección en sus actos de consumo diario contribuye, sin duda, a mejorar su calidad de vida. Y eso es especialmente importante en los colectivos a los que nuestro estatuto de los consumidores califica como “de especial protección”: menores de edad, mujeres gestantes, personas mayores, enfermos y las personas con discapacidades, inmigrantes y sectores económicos y sociales más débiles.

Por eso, creemos que el consumo debe tener un papel primordial en la agenda de nuestros dirigentes políticos, y para ello:

–          Debe actualizarse nuestro estatuto de los consumidores, que con 17 años a sus espaldas, es el más antiguo de nuestro país y ha quedado desfasado.

–          Debe mejorarse la protección de los usuarios de servicios bancarios, priorizando a los ciudadanos y no a las entidades, como ha sucedido, por ejemplo, en la manera de resolver las cláusulas suelo, con un sistema extrajudicial y unos juzgados especializados que no están sino demorando la resolución de las reclamaciones.

–          Deben impulsarse medidas de formación-información en materia medioambiental-económica, para reducir la contaminación y mejorar nuestro entorno, potenciando el papel de los consumidores en el tránsito hacia una economía circular.

–          Deben lanzarse campañas informativas para la reducción del desperdicio de alimentos, que alcanza millones de toneladas en nuestro país cada año.

–          Debe introducirse la protección al consumidor y la atención al cliente en los baremos para la concesión de servicios públicos o la firma de convenios con, por ejemplo, entidades financieras; no debe permitirse que, al tiempo que se cierran oficinas bancarias, se firmen acuerdos que, desfavoreciendo a los ciudadanos, enriquecen a esas mismas entidades.

Pero, como todos sabemos, cualquier derecho acarrea responsabilidades, y los consumidores también las tenemos. Quizás la más importante de ellas sea tomar conciencia de que no existe ningún cuerpo de inspectores más numeroso y más pegado a la realidad que nosotros mismos. Por eso, es prioritario trascender el aspecto individual de nuestros actos de consumo y tomar conciencia de la fuerza y la importancia que tenemos como colectivo.

NOTA PRENSA UCE