La CNMC ha dado el visto bueno a la fusión de estos tres sistemas de pago: Servired, 4B y Euro 6000, basado en las tarjetas existentes en el mercado español hasta el momento, aunque esta aprobación, está supeditada a una serie de condicionantes, cuyo objetivo final es que las comisiones o tarifas que pagan bancos, comercios y, sobre todo, los clientes por la emisión o uso de las tarjetas de débito y crédito en España sean más baratas.
Entre los tres medios de pago ahora en proceso de fusión suman un total 78,5 millones de tarjetas, con un volumen asociado anual (desde las perspectivas emisora y adquirente y tanto en compras como en disposiciones de efectivo) de 5.197 millones de operaciones y 307.818 millones de euros. La nueva empresa se llama Sistema de Tarjetas y Medios de Pago SA y se convierte así en una de las más grandes de Europa, lo que, según algunas fuentes del sector, permitirá presionar sobre las tarifas que les marca las firmas internacionales Visa o Mastercard, y que en gran parte marcan los costes de las tarjetas a los bancos.
Competencia abre la puerta a que los bancos españoles lancen una aplicación de pago doméstica propia que podrá competir en igualdad de condiciones con las de Visa y Mastercard; con ello aumentará la libertad de elección de las entidades financieras, los comercios y los usuarios finales en relación con los pagos con tarjeta, según informan desde este organismo, desde donde se vigilarán además, durante cinco años, como mínimo, los compromisos impuestos.
La CNMC impone que tras esta fusión “ningún accionista controlará el sistema de pagos resultado y se pasará a un sistema único de pagos en línea con la práctica habitual en los países de la Unión Europea”. Los accionistas de esta sociedad son: CaixaBank, BBVA y Santander, los tres con el 18% del capital. Bankia tendrá el 9,8%; Sabadell, el 9,4%; mientras que Cajamar, con el resto de las rurales, sumarán el 3,3% de su capital; Unicaja, el 3,2%, y Kutxabank, el 2,3%. De esta forma se garantiza que “ningún accionista va a controlar el sistema de pagos resultante”, como reclama la CNMC.
Competencia, que hace unos años se negó a autorizar esta fusión, pretende ahora que los bancos cumplan determinados requisitos dirigidos a garantizar que haya mayor competencia en las aplicaciones de pago con tarjeta en España. Con estas exigencias, la CMNC pretende que la nueva compañía se comprometa a trasladar al mercado las eficiencias obtenidas. Es decir, que el abaratamiento de costes que supone para la banca la unificación de los tres sistemas de pago se traslade al comercio, que cobra con los TPV y a los clientes al usar las tarjetas. De ahí que reclame que “las tarifas deben garantizar la correcta imputación de los costes vinculados a su prestación”. Aunque inicialmente esta operación no afecta a las comisiones que cobran las entidades por usar sus cajeros a los no clientes, lo lógico es que al final este abaratamiento en el procesamiento de medios de pago termine bajando también estas comisiones.
Otra novedad es que se facilita a los bancos a incluir como opcional la modalidad de cashback, ya empleada por ING (sin presencia en la nueva sociedad) ante la falta de cajeros que tiene en España. Esta modalidad permite obtener efectivo aprovechando el pago con tarjeta en un establecimiento comercial. Así se facilita la introducción de nuevos servicios asociados a tarjetas que ya son habituales en países de nuestro entorno, señala la CNMC. Competencia reclama que los servicios opcionales que fije la nueva sociedad sean accesibles a todos los miembros que lo soliciten y deberán ser facturados por separado a los usuarios que los contraten. Insiste la CNMC que las tarifas deben garantizar la correcta imputación de los costes vinculados a su prestación.
La CNMC recuerda que con esta operación de concentración «desaparece una de las peculiaridades del sector de pagos con tarjeta español respecto a los países de la Unión Europea, donde lo más habitual es que exista un único sistema de pagos con tarjeta doméstico, con una aplicación de pago propia, en el que se integran todas las entidades financieras que intermedian pagos con tarjeta». Se ha autorizado la operación en primera fase para facilitar una rápida implantación de mayor competencia y favorecer nuevas aplicaciones de pago con tarjeta en España lo antes posible, en beneficio de entidades financieras, comercios y usuarios finales y los bancos no han realizado alegaciones a las exigencias de la CNMC al considerar que sus condiciones «son asumibles».
Los compromisos a los que han acordado someterse las entidades financieras afectadas se reparten en tres grandes bloques. Por una parte, sobre los compromisos relacionados con el acceso al nuevo sistema, podrán ser miembros del mismo todos los proveedores de servicios de pago que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa y cuya participación sea aceptada por la nueva entidad, que no limitará el acceso más allá de lo necesario para prevenir riesgos en la estabilidad operativa y financiera del sistema.
En cuanto a los compromisos relacionados con los servicios troncales y la aplicación de pago del nuevo sistema, la CNMC ha establecido que «las tarifas que aplique la entidad fusionada tienen que estar orientadas a costes y su aplicación no puede establecer discriminación alguna entre entidades miembros, sean o no accionistas de la sociedad y se establece un sistema de fijación de tarifas que garantiza la correcta imputación de los costes vinculados a la prestación de dichos servicios troncales.
Los compromisos aseguran que los miembros del sistema, los comercios y los usuarios finales tengan plena libertad para decidir si usan o no la nueva aplicación de pagos por tarjeta del sistema.
Y, sobre las condiciones relacionadas con los servicios opcionales, éstos deberán ser accesibles a todos los miembros que los soliciten y deberán ser facturados por separado a los usuarios que los contraten. Las tarifas deben garantizar la correcta imputación de los costes vinculados a su prestación. Estos servicios opcionales podrán incluir, entre otros, las modalidades de ‘cashback’, que permiten obtener efectivo aprovechando un pago con tarjeta en un establecimiento comercial, facilitando así, la introducción de nuevos servicios asociados a tarjetas que ya son habituales en países de nuestro entorno, explica la CNMC. Para facilitar la participación en dichos servicios, el sistema se compromete a informar con transparencia a todos sus miembros desde el momento de su aprobación.
Todo ello creará un sistema más competitivo y con tecnología propia, ya que contará con soluciones técnicas y productos de pago propios que permitirán emitir y aceptar pagos bajo la nueva marca, así como diseñar, desarrollar y ofrecer nuevos servicios a titulares de tarjetas, comercios y entidades financieras de una forma rápida y eficaz.
Gracias a este nuevo escenario, las entidades financieras participantes se beneficiarán de una mayor eficiencia en la gestión de costes, así como de inversiones en seguridad y en desarrollo de productos de pago innovadores, en el marco de la PSD2, Directiva de Pagos de la Unión Europea que ha entrado en vigor el 13 de enero de este año, señala el sector. Según el presidente de la nueva compañía, Rafael Martín-Peña, “con la unificación de los tres sistemas se incrementará la oferta de instrumentos de pago en España en beneficio del mercado”. Su director general, asegura que esta fusión contribuirá a la digitalización de los medios de pago lo que mejorará la experiencia de compra, aumentará los servicios y la calidad, a la vez que el cliente dispondrá de más información y un mayor control y seguridad sobre sus instrumentos de pago.