El número de beneficiarios del bono social telefónico, por el que pensionistas con rentas bajas reciben un descuento en su factura de teléfono, ha descendido bruscamente en los últimos años, hasta convertirse casi en una cifra testimonial. Solo 33.301 personas disfrutan actualmente de este descuento que presta Telefónica como obligación de servicio público, en comparación con los 483.000 beneficiarios que tenía en 2003, según datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS. La cifra contrasta también con los 2,3 millones de personas que disfrutan del bono social eléctrico.
Apenas unos miles de abonados, todos ellos pensionistas con pagas muy bajas, se acogen al abono social de Telefónica (denominación oficial del bono). La cifra ha ido descendiendo bruscamente. Desde el medio millón que tenían derecho a este descuento a principios de este siglo, se pasó a 284.000 en 2007, a 63.000 en 2013, y a los 33.301 de finales de 2017. Las razones de este descenso no son que la llamada pobreza energética, que permite que casi 2,5 millones disfruten de un descuento en la factura de la luz, afecte más a los ciudadanos con menos ingresos que la pobreza telefónica, sino que los requisitos para poder acceder a las ayudas en telecomunicaciones son mucho más restrictivas que los del recibo eléctrico.
El abono social no es una obligación de Telefónica sino un componente del servicio universal de telecomunicaciones, que está asignado por el Gobierno a Telefónica, debido a que ninguna compañía se quiere hacer cargo de este servicio. Se trata de una bonificación en la factura del teléfono fijo al que se pueden acoger jubilados y pensionistas con rentas anuales inferiores a 8.946,14 euros.
Este colectivo puede beneficiarse de un descuento del 95% del importe de la cuota de abono mensual, fijada actualmente en 17,40 euros/mes (IVA incluido), del que el beneficiario apenas paga 0,87 céntimos. Además, en el caso de dar de alta una línea de teléfono fijo recibe un descuento del 70% en el importe de la cuota de alta.
El problema es que aunque el usuario cumpla los requisitos económicos, solo puede solicitar el abono social si tiene contratado el servicio telefónico fijo con Telefónica de manera individual. Es decir, si un cliente contrata el teléfono fijo empaquetado con otro servicio (ADSL, fibra, móvil o televisión) o incluso con una tarifa plana de voz fija no tiene derecho a dichos descuentos.Con la generalización de los paquetes y la necesidad de tener una conexión por Internet, el abono social no sale a cuenta para casi nadie, porque resulta más caro apuntarse al teléfono fijo beneficiándose del bono social y contratar por separado la banda ancha, que hacerlo en un paquete.
Por esa razón, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha pedido al Ministerio de Turismo, Energía y Agenda Digital que extienda el abono social también a los paquetes de servicios (fijo, móvil, datos e Internet) y no solo a las líneas de telefonía fija contratadas individualmente.
Competencia proponía además que no solo los jubilados, sino otros colectivos con dificultades económicas (por ejemplo, parados de larga duración) pudieran beneficiarse del abono y que además de por correo electrónico, fax o carta, se pudiera solicitar en las tiendas de Movistar o a través del teléfono gratuito 1004.