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mar, 25 abr 2017- 12:31
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UCE INFORMA QUE LAS ELÉCTRICAS PIDEN UNA NORMATIVA SOBRE POBREZA ENERGÉTICA

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Las grandes compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y EDP, han presentado sus propuestas a través de la consulta pública abierta por el Ministerio de Energía hace dos semanas y que terminaba la semana pasada, sobre el reglamento pendiente del Real Decreto Ley aprobado el 23 de diciembre y convalidado en el Congreso el último día de enero, sobre el bono social y la definición de consumidor vulnerable.

Entre algunas de las propuestas está la petición de una normativa “única a nivel nacional” pues “forma parte de la legislación básica del Estado”, señala Iberdrola. En este sentido se expresan Gas Natural Fenosa o EDP, compañía que pide una definición del consumidor vulnerable “uniforme, reglada y de aplicación en todo el territorio español”. Endesa va más allá al pedir que “se deroguen todas las normas locales y autonómicas, sean o no compatibles con lo establecido en el conjunto de España, para evitar interpretaciones y aplicaciones particulares”.

En definitiva, la eléctrica que preside Borja Prado rechaza que haya “una asignación automática del bono social por parte de las comercializadoras”, a las que no se debe responsabilizar del tratamiento de datos “sensibles”, como la declaración de la renta o información social y sanitaria”.

Esta compañía y Gas Natural, son las más afectadas por las leyes de pobreza energética de Cataluña, “que interfiere en el proceso de cortes de suministro en las ayudas que reciben los clientes vulnerables y su financiación”, señala Endesa. Esta reclama que el reglamento del citado RDL “homogeneice” estas situaciones y definiciones. Gas Natural, por su parte, pide que sea la Administración la que acredite la vulnerabilidad.

Endesa reclama, asimismo, la creación de un registro de consumidores vulnerables (los que tendrán derecho al nuevo bono social) y los vulnerables severos (a los que no se podrá interrumpir el suministro). En su opinión, este registro debe ser estatal y estar gestionado por la CNMC, previa información aportada por los servicios sociales. Este registro, al que accederían las comercializadoras, sustituiría al uso de certificados en papel de los servicios sociales. Gas Natural comparte esta idea.

Iberdrola se conforma con que sean los servicios sociales autonómicos los que certifiquen, previa valoración técnica, los requisitos de vulnerabilidad. Los potenciales beneficiarios del bono social lo solicitarán ante los citados servicios sociales que, a su vez, dispondrán de datos de la Agencia tributaria y la Seguridad Social. Una vez comprobado que reúne las condiciones, se le dará de alta en el Registro Administrativo de Hogares Vulnerables de cada comunidad autónoma.

Aunque todas las empresas se decantan por ligar el derecho a percibir el bono a una renta mínima familiar (en estos momentos, el bono es un descuento del 25% en la factura que tienen las familias numerosas, las que tienen todos los miembros en paro, las pensiones mínimas y los usuarios con menos de 3 kW de potencia contratada), las propuestas ofrecen matices.

Iberdrola pide que se aplique este criterio, tanto para el vulnerable, como para el vulnerable severo y que se fijen distintos niveles de descuento. También Gas Natural pide dos tarifas. Endesa, sin embargo, no es partidaria de un bono basado en un único criterio de renta, pues ello “dispararía el número de beneficiarios, muchos de los cuales no lo necesitarían”. Así, pide que se mantengan criterios actuales de asignación (los citados cuatro colectivos) y cruzarlo con criterios de renta en familias numerosas y los puntos de suministros de menos de 3 kW.

Además de un criterio de renta, EDP pide “que se limite el consumo y/o la potencia contratada” a los beneficiarios del bono. Un punto este en el que hay consenso entre las grandes. “La solicitud del bono social, tanto básico como severo, supondrá la aceptación de un límite de potencia contratada, que corresponda a un equipamiento básico de la vivienda”, señala Iberdrola, que pide que este consumo sea inferior en el caso de los severos. Para la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán, el bono social debe cubrir la diferencia entre el Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC) y un valor base hasta un determinado consumo”. El resto, se facturaría a PVPC.

Endesa exige la reducción de la potencia como medida complementaria al corte de suministro. Por ejemplo, bajar la potencia de 4 kW a 1 KW, sin coste, aunque debería pagar, como ocurre ahora, el término de potencia durante el periodo de interrupción.

Respecto a la financiación del bono y de la factura de los usuarios a los que no se pueda cortar la luz, Iberdrola es muy tajante. En su documento de alegaciones, hace un primer inciso en el que hace constar que “discrepa del mecanismo de financiación del bono social establecido en el RDL 7/2016 [este impone esta obligación a las comercializadoras eléctricas], por lo que nada de los que aquí se señale debe entenderse como una aceptación del mismo”. Esta eléctrica considera que estas ayudas deben correr a cargo de los Presupuestos del Estado.

En este punto, Endesa es menos radical, pero pide que se reconozca este coste a las comercializadoras de referencia (las que suministran con el precio regulado del PVPC) en su margen comercial (asimismo, regulado). También Iberdrola exige que se reconozcan estos costes en una orden ministerial. EDP pide “un límite máximo de financiación”, que también solicita Gas Natural.

En cuanto a las facturas impagadas de los muy vulnerables o en riesgo de exclusión social (el RDL fija que la sufraguen al 50% las comercializadoras y las comunidades autónomas), en general piden que, teniendo en cuenta que las empresas financian el coste del bono, las comunidades asuman dos tercios de dichos impagos.

Una cuestión importante es, precisamente, la relacionada con los cortes a los vulnerables severos (que dispondrán de un preaviso de cuatro meses). Iberdrola apela al registro y a una advertencia clara al cliente para que acuda a los servicios sociales. Endesa, por su experiencia en Cataluña, plantea el caso de los usuarios que no figuran en los registros y cuya situación económica se desconoce. En este caso pide un plazo de dos meses para que los servicios sociales contesten.

Otra propuesta beneficiosa para los usuarios es la que propone Endesa, que se analice la viabilidad de aplicar un IVA reducido a los clientes vulnerables (actualmente, es del 21%). Otras, como EDP, defienden los actuales convenios entre empresas y ayuntamientos.

Por contra, también se plantean medidas drásticas contra los actuales derechos de los domésticos. Endesa vuelve a pedir que el umbral que da derecho al PVPC (ahora en 10 kW), precio al que están acogidos 12 millones de consumidores. Endesa argumenta que el PVPC“es una oferta más atractiva” para el consumidor, lo que “dificulta la liberalización del mercado”. Pide igualmente, que se permita a las comercializadoras independientes ser suministradoras de referencia y ofrecer el bono social.

En todas las propuestas de las eléctricas de Unesa, figuran medidas de eficiencia energética en los hogares en situación de precariedad. Estos deberían tener derecho a ayudas del Fondo nacional de Eficiencia Energética para reemplazar el alumbrado, sustitución de electrodomésticos o aislamiento térmico. 

Ayuntamiento de Oliva de la Frontera

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